Teoría política moderna
Introducción
Los conceptos fundacionales de la teoría política moderna -facciones, soberanía, conflicto, propiedad, representación, entre otros- fueron diseñados o pensados para sociedades y Estados que ya no existen tal como los conocieron o imaginaron sus autores. Sin embargo, persisten como marcos desde los cuales intentamos comprender la complejidad de nuestras democracias contemporáneas. En este trabajo intentaremos explorar cómo esos principios, formulados por pensadores como Maquiavelo, Locke, Hobbes, Rousseau, Madison o Alberdi, mantienen su vigencia en la Argentina actual, aunque transformados (o desbordados) por las dinámicas del poder global, las tecnologías digitales y las tensiones sociales propias del siglo XXI. Los conceptos de facciones, conflicto y poderes indirectos mantienen su vigencia, en tanto las ideas de democracia directa, soberanía y propiedad se ven desdibujados. Por otra parte, los conceptos de pueblo y representación se encuentran en permanente tensión.
La vigencia y el desgaste de los conceptos de la Teoría Política Moderna
La digitalización de las facciones políticas significa una mutación radical del concepto madisoniano, aunque, en definitiva, hace notoria su vigencia. James Madison, al definir las facciones en El Federalista como grupos unidos por “algún impulso común de pasión o de interés, adverso a los derechos de otros ciudadanos”, anticipó algo que las plataformas digitales llevaron a su forma extrema. En el siglo XVIII, Madison veía en las facciones un riesgo inherente a la naturaleza humana y a la pluralidad de intereses en una república. Su propuesta de un gobierno equilibrado buscaba diluir el impacto destructivo de las facciones al multiplicar intereses para dificultar la conformación de mayorías opresivas. Sin embargo, la arquitectura de redes sociales como Facebook, Twitter (hoy X) o TikTok reconfiguraron esta dinámica: las “cámaras de eco” aíslan a los usuarios en burbujas radicalizadas; la “economía de la indignación” premia los contenidos emocionales sobre los análisis racionales y sosegados; y el “microtargeting” permite a actores políticos enviar mensajes contradictorios a diferentes grupos, segmentando discursos según afinidades o temores de cada grupo.
Estos mecanismos no sólo amplifican las pasiones facciosas que preocupaban a Madison, sino que dificultan el tipo de deliberación pública que Madison consideraba esencial para la república. Las facciones (lo que en Argentina conocemos vulgarmente como “la grieta”) son parte de cualquier sociedad. Sin embargo, las redes sociales, maximizando las disidencias, construyen facciones dentro de los mismos grupos tradicionalmente opuestos: más allá de profundizar las grietas, crean nuevas rupturas (al sintetizar diferencias preexistentes: las “micro-grietas”) y grupos de pertenencia. Las redes ya no son simplemente herramientas de expresión: son dispositivos que explotan las emociones para sostener su modelo de negocio, donde la polarización y el conflicto son más rentables que el consenso. Esto explica por qué el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, que resultó en su condena y posterior detención domiciliaria en 2025, fue visto como un ataque (lawfare) por sus seguidores y como “justicia” por sus oponentes: cada facción vive en realidades desconectadas, validadas por algoritmos que refuerzan sesgos y eliminan el espacio para un debate común.
Como advirtió Madison en El Federalista, existe una inclinación tan fuerte de la sociedad “a caer en animadversiones mutuas, que cuando le faltan verdaderos motivos, los más frívolos e imaginarios pretextos” son suficientes para generar un conflicto. Esta propensión, que en tiempos de Madison podía moderarse mediante los mecanismos de un gobierno equilibrado, se ve hoy potenciada de manera exponencial por algoritmos que convierten los prejuicios en cálculos de marketing, y las pasiones en monedas de cambio para las plataformas. La facción digital ya no se limita a ser un grupo con un interés común adverso al bien general: se convierte en un dispositivo de identidad emocional que divide a la ciudadanía en tribus cerradas, incapaces de diálogo y destinadas a la confrontación perpetua.
Alberdi había detectado el peligro de la “prensa electoral, que contamina y destruye en vez de ilustrar” (Bases, XI), señalando el riesgo de que los medios de su tiempo se pusieran al servicio de intereses partidarios en lugar de contribuir al fortalecimiento de la república. Pero ni él ni Madison imaginaron cómo la industrialización de la desinformación, sostenida en modelos de negocio transnacionales y tecnologías sofisticadas, convertiría las facciones en auténticas máquinas de guerra identitaria. En Argentina, las redes sociales no crean divisiones por sí mismas, pero cristalizan las tensiones latentes de la sociedad en fracturas donde el disenso se radicaliza y el adversario se deshumaniza, transformándose en un enemigo mortal, un adversario al que hay que eliminar. Esta lógica erosiona la posibilidad de un espacio democrático compartido, y plantea el desafío urgente de repensar las formas de soberanía y de ciudadanía en la era digital.
Las protestas sociales argentinas pueden vincular a Maquiavelo y Locke en cuanto a la legitimidad del conflicto político y su vigencia en el siglo XXI. Maquiavelo, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, celebró la función creativa del conflicto porque, según afirmó, “todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo”. A su juicio, el conflicto no es una enfermedad de la república, sino una fuente de vitalidad institucional, y cuestionó a quienes lo censuran, ya que fue la “primera causa de la libertad de Roma”.
Esto se refleja en John Locke, quien en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil fundamentó el derecho de rebelión como el último recurso del pueblo contra gobiernos que violan el contrato social. Locke advertía que “siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo […] se ponen a sí mismos en estado de guerra con el pueblo”. Para Locke, la rebelión no es desorden, sino el camino posible al restablecimiento del pacto.
Los “cacerolazos” de 2001 son un buen ejemplo de esta dualidad: son un conflicto que forzó una agenda de derechos postergados (Maquiavelo) y también una legítima resistencia contra un Estado que había fracturado su pacto social (Locke). Del mismo modo, las movilizaciones contra el fallo del “2×1” en favor de los genocidas expresaron un conflicto que, lejos de amenazar el orden, reafirmó el compromiso democrático. La reacción popular convirtió una decisión judicial aislada en un problema de legitimidad colectiva, ampliando las fronteras de la ciudadanía y la justicia. Como bien señalaba Maquiavelo, “no produjeron destierro o violencia en perjuicio del bien común, sino leyes y reglamentos en beneficio de la pública libertad” (Maquiavelo, Discursos, Libro I, cap. 4), porque se fundan en la necesidad compartida de preservarla. No obstante, tanto Maquiavelo como Locke estipulan que el conflicto debe institucionalizarse.
La vigencia del concepto de poderes indirectos alcanza su máxima expresión en la arquitectura del poder global. Thomas Hobbes percibió el riesgo que implican estos poderes al advertir que la unidad del Estado y la paz civil sólo pueden sostenerse si toda obediencia se dirige al soberano y no se reparte entre instancias paralelas. Su desconfianza hacia la Iglesia de Roma como institución surgía precisamente del temor a que los súbditos dividieran su lealtad entre el poder civil y el espiritual, generando el germen de la guerra interna. Alberdi, por su parte, anticipó la paradoja fundamental del Estado contemporáneo: su soberanía formal coexiste con construcciones materiales ejercidas por actores extra-estatales. Alberdi identifica al capital extranjero, el comercio libre, la inmigración y la religión como fuerzas externas que, sin ser instituciones formales del Estado, actúan decisivamente sobre el orden político y social.
La sentencia del juez Griesa en 2012, que obligó a Argentina a pagar a fondos buitre bajo amenaza de default técnico, demostró de qué manera los tribunales extranjeros pueden dictar políticas domésticas, vaciando de sentido también la noción hobbesiana del Leviatán como monopolizador de la coerción. Alberdi ya había intuido este fenómeno al analizar la deuda pública como instrumento de dominación: “el crédito público, esto es, la aptitud de la Nación a obtener dinero prestado […] no puede nacer”. Los fondos de inversión denominados “buitres” operan como poderes indirectos transnacionales que, mediante mecanismos legales-financieros, ejercen un veto sobre políticas económicas soberanas. Paralelamente, las plataformas digitales como Google o Meta funcionan como un “Leviatán del algoritmo”, regulando discursos públicos sin suficiente control democrático. Su capacidad para monetizar contenidos o amplificar narrativas facciosas ejemplifica lo que Alberdi manifestaba. En Argentina, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se intentó resistir a estos poderes mediante políticas como la Ley de Medios, pero al hacerlo concentró poder en el ejecutivo, replicando la paradoja alberdiana: para combatir poderes indirectos externos, fortaleció un hiperpresidencialismo que puso en disputa los contrapesos internos.
El modelo de ejecutivo fuerte, como el propuesto por Alberdi en Bases, se caracteriza por la tensión entre la búsqueda de eficacia y el resguardo de la libertad. Alberdi abogaba por un presidente “vigoroso”, a la vez que cuestionaba el poder absoluto, ejemplificado en Rosas. Esta dicotomía resurgió durante el kirchnerismo. Cristina Fernández personificó esta paradoja: por un lado, buscó fortalecer el Estado contra poderes indirectos hostiles (como ley de medios contra Clarín o la batalla legal contra fondos buitre); por otro, recurrió a decretos de necesidad y urgencia e intentó una reforma profunda del poder judicial, replicando lo que Alberdi consideró monarquía sin corona al referirse al régimen de Rosas. Al establecer un paralelismo entre ambos gobiernos, surgen semejanzas reveladoras. Rosas justificó su autoritarismo afirmando que “las formas de gobierno son un asunto relativo, pues monarquía o república pueden ser igualmente excelentes o perniciosas, según el estado del país respectivo”. Cristina Kirchner justificó sus acciones al presentarse como protectora de los intereses populares frente a élites consideradas predatorias. Ambos casos confirman que el hiperpresidencialismo, aun cuando se invoque en nombre del bien común, tiende a poner en tensión la división de poderes que Montesquieu consideró fundamental para la preservación de la libertad.
La concepción de Jean-Jacques Rousseau sobre la democracia directa como único modelo legítimo de gobierno enfrenta obstáculos insalvables en la realidad argentina contemporánea, como en muchas sociedades complejas. Cuando Rousseau afirmó en el Contrato Social que la soberanía no puede ser representada, postuló un ideal basado en ciudades-estado como Ginebra, donde la homogeneidad cultural y la escala reducida permitían asambleas ciudadanas efectivas. Este modelo choca frontalmente con las dimensiones continentales y la diversidad de Argentina, donde la fragmentación regional, las asimetrías económicas y las particularidades culturales imposibilitan cualquier forma de voluntad general unificada.
Las asambleas barriales durante la “crisis de 2001”, aunque expresaron auténtica rebeldía contra la legitimidad y representatividad del establishment político, demostraron los límites prácticos del modelo rousseauniano. Su incapacidad para trascender demandas localizadas y articular proyectos nacionales coherentes (con la consigna generalizada de “que se vayan todos”) confirmó la advertencia de Madison: “una democracia pura […] no puede evitar los peligros del espíritu sectario” (El Federalista, X).
Esta tensión revela un problema más profundo: la democracia representativa madisoniana -alternativa al modelo rousseauniano– muestra su debilidad cuando el concepto mismo de “pueblo” es difuso. Mariano Moreno, en 1810, ejemplificó este dilema al proclamar a la Primera Junta como única representante legítima del pueblo mientras ordenaba el fusilamiento de Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista popular contra los ingleses. La paradoja moreniana expone también una fragilidad de la concepción de “representación”: ¿cómo puede un órgano autoproclamarse “voz del pueblo” cuando quienes aclamaban a Liniers eran ese mismo pueblo movilizado? Moreno resolvió el conflicto mediante una exclusión fundacional: la facción rebelde no correspondía al “pueblo verdadero”. Para Rousseau, “las asociaciones de hombres son, en su mayor parte, obra de los accidentes de la naturaleza”; para Locke, el pueblo eran los propietarios unidos por el temor a perder sus bienes; Ramos Mejía nos introduce al concepto de “multitudes”, a las que describe como una reunión de hombres que posee “caracteres nuevos y distintos de los que individual y aisladamente tiene cada uno de ellos”; Scalabrini Ortiz encuentra al pueblo en las “multitudes” y “muchedumbres”, al describir las columnas obreras del 17 de octubre de 1945 que marchaban “cantando y vociferando unidos en una sola fe”; para Perón, la masa se transforma en “pueblo” sólo mediante la organización dirigida; en la mirada de John William Cooke, el pueblo es, por un lado, el conjunto de la sociedad que se enfrenta a la oligarquía, y por otro, toda la sociedad en tanto se enfrenta al imperialismo; para Cristina Kirchner, el pueblo es el “frente social agredido por el neoliberalismo”. La imposibilidad de fijar una definición estable cuestiona la premisa madisoniana de representación, porque ¿a quién representa el sistema cuando “pueblo” significa cosas tan diferentes para actores tan diversos? Parece confirmarse así la máxima acuñada por Bourdieu: “el que nomina, domina”.
El fusilamiento de Liniers ilustra así la “trampa” de toda representación: presuponer un pueblo único, de características homogéneas, que sólo existe como abstracción. Rousseau exigía que el pueblo fuera autor directo de las leyes, pero Moreno demostró cómo ese principio puede controvertirse cuando una élite se arroga la potestad de interpretar -representar- la voluntad general. Las asambleas de 2001, pese a su autenticidad, confirmaron que la participación directa no resuelve el dilema. Como observó Ramos Mejía, las multitudes adquieren “un alma colectiva” transitoria que no sustituye a la representación estable, pero que tampoco encuentra cauce en instituciones diseñadas para un sujeto político volátil. La democracia representativa, en lugar de superar la utopía rousseauniana, hereda su vacío central: la imposibilidad de nombrar sin excluir al pueblo que dice encarnar. Como pudimos apreciar en párrafos anteriores, la “grieta” es fundacional de la sociedad pero, a su vez, cada sección a ambos lados de la “grieta” contiene pequeñas fisuras, a veces imperceptibles, pero nunca inmunes a ampliarse, mediante los estímulos adecuados, creando así nuevas grietas y nuevos sectores en pugna. Cada fracción, entonces, se sentirá o no interpelada ante la mención de la palabra “pueblo”.
La concepción de soberanía que propone Hobbes en Leviatán -un poder absoluto, indivisible y concentrado en un soberano que garantiza el orden y la seguridad- resulta inadecuada para explicar la dinámica real del poder en la Argentina contemporánea. Hobbes, en Leviatán, pensaba el Estado como un ente que concentra en sí todo el poder necesario para mantener el orden, un “dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa” (parte II, cap. XVII). En el siglo XXI, sin embargo, el poder estatal argentino ya no puede pensarse como un bloque compacto capaz de decidir de manera autónoma el destino de la Nación. El ejercicio del poder está atravesado y condicionado por nuevas formas de poder; un poder difuso y transnacional.
Por un lado, las redes sociales y plataformas digitales globales (X, Facebook, YouTube, TikTok, entre otras) configuran un espacio comunicacional que escapa, casi por completo, al control soberano, y en el que se construye la opinión pública y se disputa el sentido de las decisiones políticas, como mencionamos anteriormente. El impacto de estas plataformas es doble: por un lado, funcionan como canales de expresión y movilización ciudadana; por otro, como herramientas de manipulación y desinformación al servicio de actores privados y extranjeros. La injerencia de estas redes en procesos electorales, crisis de gobernabilidad o movilizaciones masivas ponen en evidencia que la soberanía comunicacional ya no pertenece al Estado, sino a un entramado global donde los algoritmos y las decisiones corporativas moldean el espacio público. Por otro lado, los grupos económicos transnacionales -fondos financieros, multinacionales tecnológicas, conglomerados agroindustriales- y organismos como el FMI o el Banco Mundial condicionan presupuestos, reformas y políticas públicas, erosionando la idea de un soberano que decide sin interferencias. Las negociaciones de deuda externa, los condicionamientos de los préstamos, los acuerdos con multinacionales para la explotación de recursos naturales o la dependencia de insumos estratégicos revelan un poder estatal fragmentado y subordinado a intereses foráneos. El Estado argentino, lejos de ser el árbitro supremo de las decisiones nacionales, aparece atrapado en una red de compromisos, presiones y límites que desmienten la imagen hobbesiana de un poder indiviso.
Además, los lobbies globales -vinculados a redes diplomáticas, mediáticas, económicas y tecnológicas- inciden de manera directa o indirecta en las relaciones exteriores, la seguridad y las legislaciones nacionales. Estos actores operan mediante canales formales e informales, influyendo en los marcos normativos, en la orientación de alianzas estratégicas y en el posicionamiento del país frente a conflictos internacionales. La capacidad de estos grupos para articular intereses transnacionales y penetrar los dispositivos de poder interno desafía abiertamente la premisa hobbesiana de un soberano que monopoliza el mando y la decisión.
El debilitamiento de la figura clásica del Estado como “dios mortal” se expresa también en el terreno simbólico: el poder ya no se percibe como un centro único del que emanan las normas y las decisiones legítimas, sino como una constelación de fuerzas, muchas veces opacas, que disputan entre sí el control de la vida social. En este contexto, los intentos de los gobiernos de restaurar el imaginario del soberano fuerte (sea mediante discursos de orden, reformas constitucionales o concentración de atribuciones) chocan con las restricciones de la globalización, los condicionamientos de los mercados, las “cancelaciones” o censuras mediáticas y la fragmentación del poder real. Así, la noción hobbesiana de soberanía, concebida como un poder absoluto que garantiza la unidad del cuerpo político, no sólo resulta anacrónica, sino ineficaz para describir el verdadero reparto y ejercicio del poder en la Argentina actual.
La fundamentación lockeana de la propiedad como derecho natural nacido del trabajo mezclado con la naturaleza (Segundo Tratado) muestra su anacronismo radical en la economía argentina contemporánea. Locke concibió una sociedad de pequeños propietarios donde el esfuerzo individual garantizaba autonomía y establecía un vínculo directo entre labor y apropiación legítima: al mezclar su trabajo con la naturaleza, el hombre hacía que ésta le perteneciera. Este modelo se desvanece hoy, en un contexto donde la riqueza se genera a través de mecanismos abstractos desvinculados del trabajo productivo.
La inflación crónica en Argentina es un síntoma elocuente de esta ruptura. Mientras Locke afirmaba que “el grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad” (Segundo Tratado), la erosión sistemática del salario real convierte este derecho en una ilusión para millones de argentinos. La paradoja es clara, además de cruel: el Estado que debía proteger la propiedad se transforma en su principal depredador mediante políticas monetarias que expropian silenciosamente los ahorros y los ingresos del trabajador. El surgimiento de nuevas formas de propiedad intangible completa esta transformación. Las criptomonedas, por ejemplo, desmienten de manera rotunda el principio lockeano. En Argentina, donde la devaluación del Peso impulsa el uso de Bitcoin o Ethereum como resguardo de valor, el propietario ya no es quien trabaja la tierra ni transforma la naturaleza, sino quien controla un código o un acceso digital. La riqueza no surge de la mezcla del trabajo con la naturaleza, sino de operaciones abstractas y de confianza en arquitecturas tecnológicas que Locke no pudo prever.
En este marco, la propuesta de Milei de una dolarización forzada y la ilusión monetaria que representa se asemeja a la virtualización de la unidad de intercambio: ambos ofrecen la promesa de una moneda neutral, ajena a los “vicios” atribuibles a los Estados nacionales, pero reproducen nuevas formas de dependencia y concentración de poder. La dolarización plantea una soberanía monetaria externalizada y sometida a actores que nada tienen que ver con el trabajo productivo del pueblo argentino.
Conclusión
Las facciones madisonianas explican la tribalización política, pero deben comprender cómo los algoritmos las transforman en identidades manipulables. El conflicto maquiaveliano, junto al derecho de rebelión lockeano, ilumina las protestas sociales, pero requieren mecanismos de institucionalización para evitar la ingobernabilidad. Los poderes indirectos alberdianos descubren la arquitectura oculta del poder global, pero demandan nuevos contrapesos. La experiencia argentina demuestra que la democracia directa no resuelve las crisis estructurales, pero sin consenso acerca del sujeto “pueblo”, la representación también es un desafío. La concepción de soberanía hobbesiana se presenta desdibujada ante nuevos actores y nuevos esquemas de poder. La definición de propiedad lockeana se ve trastocada por la generación de riquezas de manera intangible.
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